Deudas morosas "incobrables" alcanzan a los $ 1.400 millones
Contraloría lleva a Correos de Chile ante la Fiscalía Nacional Económica
El último informe del organismo fiscalizador detalla una serie de anomalías, entre ellas, el uso de criterios erróneos y fuera de las bases de licitación para contratar a las empresas de cobranza. También habla de violación a los principios de transparencia, ausencia de actos administrativos para validar legalmente algunas acciones y entrega de información tardía e incompleta para realizar la labor de auditoría.
Por Jorge Molina Sanhueza
La Contraloría General de la República llevará ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a la Empresa de Correos de Chile (ECCh), luego que detectara graves anomalías en los criterios de contratación de las firmas encargadas de cobranza a nivel nacional.
Asimismo, acreditó que la ECCh -al 31 de diciembre de 2008- tenía deudores morosos por más de $ 10.400 millones. De estos últimos, poco más de $ 2.000 millones se enmarcaban como deudas superiores a los 90 días. A su vez, de lo anterior, $ 1.497 millones están "provisionados contablemente" como "incobrables", los que fueron aumentando desde 1992 -con 51 millones- hasta llegar en 2007 a los 244 millones al año.
Al respecto, la ECCh respondió que recién a mediados del año pasado -y aunque la deuda subía- se inició un proceso de análisis de los morosos, lo que permitirá recuperar sólo unos $ 400 millones de la cifra antes señalada.
Sumado a lo anterior, el organismo fiscalizador encontró faltas a los principios de "transparencia, racionalidad y publicidad de los actos públicos" -incumpliendo la ley impuesta por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia- ya que incluyó cláusulas en los contratos donde puede poner término a los mismos en cualquier momento "sin expresión de causa". Y como empresa del Estado, según la Contraloría, no puede hacerlo.
En el informe también se detalla la entrega de información tardía e incompleta para que el órgano hiciera correctamente la fiscalización; desorden en el trabajo cotidiano de recaudación, entre otros problemas. Muchas de estas objeciones la Contraloría las mantuvo y las revisará en una próxima visita.
Rock Star
Correos de Chile es una de las empresas estrella del Estado en materia de gestión. Dirigida desde la gerencia general por Patricio Tapia, marido de la ministra del Trabajo Claudia Serrano y hombre cercano al timonel del PS Camilo Escalona, en 2008 obtuvo utilidades por más de $ 2.900 millones.
El propio Tapia detalló el año pasado en los medios que la empresa invertirá más de 15 mil millones en infraestructura y modernización.
El presidente del directorio es Sergio Henríquez Díaz (DC) quien fue ministro de Vivienda del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle.
Los criterios
El documento emitido por la entidad revisora, estuvo centrado en las empresas de cobranza, el tipo de contratación que se utilizó para ello y situaciones curiosas respecto a la labor de cada una. Por ejemplo, mientras un contrato señalaba que una tenía como misión un trabajo a "nivel nacional", la otra lo hacía "a lo largo del país", lo que para la entidad revisora constituye una contradicción.
Las firmas externas cuestionadas son Gestión Financiera Limitada, Recuperación de Valores, Recaudaciones Silca y Servicios Integrales de Cobranzas y Correspondencia Limitada.
Se sumó también que para las cuatro anteriores, la ECCh usó la fórmula del "contrato directo", sin cumplir cabalmente las bases de licitación, usando criterios fuera de las mismas.
Al respecto, la Contraloría apuntó que tampoco correos dicta los actos administrativos que toda empresa del Estado debe realizar para otorgar legalidad a los mismos. A ello, la corporación respondió que nunca había sido cuestionada y que de seguir ese criterio arriesga problemas para desarrollar una gestión efectiva. Pero el organismo fiscalizador fue tajante, señalando que debe cumplir la ley sí o sí.
Por último, el informe del organismo sostiene que no fue posible encontrar información para acreditar que a las firmas de cobranza no les afectaba la inhabilidad para trabajar con el Estado, respecto a grados de parentesco familiar o relaciones con ejecutivos a partir de sociedades, entre otros tópicos.
Correos contestó que cada empresa llena un formulario en ese sentido, pero la Contraloría, nuevamente, mantuvo la observación, señalando que debe adoptar medidas para corregir la situación. Y así, cumplir con la ley, de una vez por todas.
